Patricia Palma es Ph.D. en Historia por la Universidad de California, Davis (2017). Su trabajo analiza el desarrollo de la salud pública en Perú y Chile enfocándose en la circulación trasnacional de epidemias y saberes médicos. Sus intereses de investigación incluyen salud y migración, salud mental y medicina alternativa y complementaria (CAM/TM) en América Latina.

Recientemente ha publicado “Enclaves sanitarios: Higiene, epidemias y salud en el Barrio Chino de Lima (1880-1910)”, con José Ragas; y se encuentra en prensa “Sanadores inesperados: medicina china en la era de migración global (Lima y California, 1850-1930)”, para la revista História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Se encuentra preparando el manuscrito en base a su tesis sobre los sistemas alternativos de salud que aparecieron en Perú entre 1850 y 1930.

Los trastornos mentales representan el 13% de las enfermedades a nivel mundial, siendo las personas de bajo nivel socioeconómico quienes se encuentran más expuestas padecerlos y menor opciones de recibir tratamiento adecuado. (OMS, 2013) Teniendo en cuenta este escenario, es que las Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, han hecho del desarrollo de políticas de salud mental un área prioritaria. De acuerdo a las cifras existentes, se estima que en Perú, 8 de cada 10 pacientes con síntomas asociados con problemas de salud mental no acuden por ayuda y tratamiento, cifra que se incrementa dramáticamente entre los sectores más pobres fuera de Lima. La falta de acceso a un tratamiento adecuado a nivel nacional es consecuencia directa del reducido gasto del Estado en materia de salud, en especial hacia las enfermedades no transmisibles y de salud mental. Junto con esto, la desigualdad en acceso a la salud mental responde a diversos procesos históricos de los últimos treinta años, que han reducido el rol del Estado como garante del acceso universal a los servicios de salud. La presente investigación, de carácter exploratorio, examina los factores estructurales que han limitado el acceso a la salud mental en el sistema público desde 1990 como consecuencia de la implementación de políticas neoliberales por parte del Estado peruano.