Profesor a tiempo completo y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), magister por la Goethe Universität Frankfurt am Main, profesor del Departamento de Derecho de la PUCP, así como miembro asociado del Instituto Riva-Agüero y narrador oral. Cuenta con experiencia en áreas como: derecho de los pueblos indígenas, reforma del sistema de justicia, metodología de investigación jurídica e interdisciplinaria, y acceso a la justicia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: "La relación entre el derecho y la violencia como una paradoja teleológica". En Alvites, E. (Coord.). La Constitución
frente a la sociedad contemporánea. Treinta años de la Maestría en Derecho
Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: CICAJ; "Sobre la relevancia analítica de los conceptos pluralismo jurídico y pluralismo normativo". En Encinas, G. & Neria, M. (Coords.). Ordenamiento jurídico. Naucalpan de Juárez: Derecho Global Editores.

Si bien el Estado peruano ha reconocido a nivel constitucional la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas, aún existe un conflicto constante con respecto, principalmente, a dos puntos: la superposición de competencias entre la jurisdicción especial y estatal, y los derechos humanos como límite para el ejercicio de la primera. Frente a esto surgen algunas preguntas: ¿Cuáles son los fundamentos culturales, éticos y jurídicos que definen la relación y autopercepción de estos dos ordenamientos jurídicos, en cuanto a su respectiva violencia institucional legitimada para sancionar y hacer cumplir sus propias reglas? ¿Es posible establecer un sistema de justicia intercultural unificado que asegure el cumplimiento de las normas en contextos pluriculturales?

La mayor parte de la literatura sobre este tema se ha centrado en justificar el origen cultural de las formas legitimadas de violencia institucional de diferentes grupos étnicos (normalmente, de la zona norte y noreste del Perú), sin necesariamente indagar en cómo interactúan y se enfrentan al Estado, que pretende erradicarlas o ajustarlas a los estándares de la modernidad. En ese sentido, mi proyecto se enfoca en la autopercepción, percepción mutua e interacción entre el Estado peruano y uno de los más importantes grupos étnicos en el Perú, las comunidades aimaras en los Andes del sur, respecto de la violencia institucional autorregulada y socialmente aceptada de cada uno. Esto desde un enfoque que profundice las premisas que justifican el valor moral, jurídico y cultural de las diferentes formas de hacer justicia y del uso de la fuerza institucional, a partir de datos empíricos. Contrastaré el desarrollo foucaultiano de la aplicación de dicha violencia legitimada en la sociedad moderna con: las posiciones que de una u otra forma la consideran un rasgo intrínseco de cualquier ordenamiento jurídico; y las diversas formas en que dicha violencia podría ser legítimamente manifestada en un contexto de diversidad cultural y pluralismo jurídico, en el que distintos órdenes normativos buscan preservarse.

Adicionalmente, en una visión más amplia, se incorporará un enfoque que recoja el décimo sexto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: Paz, justicia e instituciones sólidas. Dicho objetivo, que no se encontraba en la lista previa de Objetivos de Desarrollo del Milenio, alude específicamente a la prevalencia de un estado de derecho que garantice lo que es un derecho humano ampliamente reconocido, el acceso a la justicia. Sin embargo, en el caso de escenarios nacionales de pluralidad cultural, esto toma un nuevo cariz, pues el respeto del estado de derecho y el acceso a la justicia están íntimamente relacionados con una adecuada gestión y respeto de esta diversidad, en condiciones de igualdad. Sin este marco institucional para la reducción de conflicto, étnico en este caso, no puede garantizarse un desarrollo sostenible.