En América Latina, los Estados de la región apenas intervienen en la reducción de desigualdades a través de una mayor redistribución de ingresos y riqueza en el marco de su política fiscal (Atria et al. 2018). Los sistemas fiscales en la región son regresivos, es decir que gravan más sobre los sectores medios y bajos a través de impuestos de consumo (y no de ingreso, mucho menos de riqueza) (Gómez Sabaini y Morán, 2017). Esto se puede visibilizar comparando el coeficiente de Gini antes y después de la intervención pública: mientras en América Latina en general baja apenas tres puntos porcentuales luego de la intervención del Estado, en los países de la OCDE, la reducción es de 17 puntos porcentuales (Hanni et al., 2015).  Además, el gasto social suele ser bastante reducido (CEPAL, 2019) y, por tratarse en muchos casos de bonos y no basarse en derechos universales, muchos programas sociales dependen de la voluntad política de los gobernantes del momento y de la existencia de fondos extraordinarios, ligados sobre todo al auge del precio de las materias primas.

En América Latina se observa este trato desigual también en el sistema judicial. Mientras ser rico está asociado con procesos y “soluciones” rápidas y penas leves, ser pobre tiende a corresponder a procesos lentos y suponer prolongados periodos en prisión. De hecho, en gran parte de la región, la cárcel se percibe como el castigo de los pobres, que muchas veces son privados de libertad en base a delitos menores (por ejemplo, relacionados con drogas, ver WOLA 2011). Según datos de la IADB una gran mayoría de los reclusos son cabeza de familia, con lo cual la reclusión afecta a familias enteras. Además, existe en toda la región una tendencia de parte de los Estados de criminalizar a los pobres que salen a manifestarse en contra de políticas que los afectan (Müller 2018; Doran 2017).