Los servicios y políticas sociales son sumamente importantes en la lucha de la desigualdad social. Los servicios sociales como la educación y la salud son fundamentales para la reducción de desigualdades de oportunidades. Por un lado, mediante la educación los individuos adquieren habilidades que les permitirán ascender en la escala social; por el otro, los servicios de salud de cobertura universal mejoran la calidad de vida de los individuos. Además, la mejor aplicación de programas de protección social como transferencias a grupos vulnerables y el fortalecimiento de sistemas de jubilación son también relevantes. Al respecto, algunos autores proponen que se establezcan transferencias monetarias a grupos vulnerables como niños y discapacitados; y que estas transferencias sean también sujetas al impuesto progresivo de ingresos individuales.
La precarización del empleo ha sido una tendencia global que ha surgido desde los años noventa como resultado de la globalización (inclusión en cadenas productivas globales) y políticas neoliberales en el mercado laboral. Las principales características de la precarización han sido inestabilidad laboral y bajos salarios. Representan un gran grupo vulnerable que no cuentan con acceso a protección social para enfrentar situaciones de riesgo como desempleo, enfermedad, accidentes, maternidad y vejez. La precariedad laboral junto con la informalidad son grandes obstáculos tanto para la recaudación de recursos fiscales como para la aplicación de políticas sociales. Es necesario el establecimiento de políticas de salario mínimo que aseguren estándares básicos de calidad de vida para los trabajadores del sector formal y al mismo tiempo sirva como salario referencial para aquellos ocupados en la informalidad. Además, lograr una legislación laboral que fomente la formalización beneficiaría tanto al gobierno, al aumentar su base impositiva; como a los trabajadores, que podrían ser parte de la protección social contributiva pensada tradicionalmente para aquellos trabajadores dependientes.
Establecer progresividad de los impuestos es determinante para disminuir la desigualdad y aumentar las arcas fiscales que permitirán ejecutar políticas sociales. Diversos estudios muestran que es posible aumentar las tasas marginales de impuestos para aquellos grupos más privilegiados. Además de impuestos progresivos al ingreso individual, es necesario aplicarlos a la riqueza que está sumamente concentradas entre pequeños grupos de poder. Además, dado que la distribución desigual de la riqueza se refuerza con las herencias, es necesario que la transferencia libre de impuestos de grandes activos debe hacerse imposible.
Es importante que se promueva una democratización de las estructuras de participación. Para reducir las desigualdades de todo tipo a largo plazo y de manera sostenible, todos los grupos interesados deben participar en la elaboración presupuestos y políticas tanto a nivel nacional como municipal. Por ejemplo, los gobiernos podrían elaborar sus presupuestos y planes tributarios con una perspectiva de género, es decir buscar fomentar la participación femenina en la economía, eliminar brechas de género e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres.
Algunos autores proponen establecer un ingreso ciudadano, basado no en la ciudadanía sino en el principio de la participación. La "participación" se entendería como la noción de una contribución social. Este tipo de ingreso básico individual de carácter universal, también sería sujeto a impuesto de acuerdo al impuesto de ingreso personal y podría reemplazar a cualquier otro tipo de transferencia social individual.
Los gobiernos pueden influir en la naturaleza del cambio tecnológico y su impacto en la distribución de ingresos. Si bien la aplicación de nuevas tecnologías lleva a la eficiencia y reducción de costos en el largo plazo para los inversionistas y aumento de beneficios para los consumidores, la robotización de tareas productivas y servicios que reemplacen la mano de obra pueden aumentar las desigualdades de ingresos. Por lo tanto, al promover innovaciones tecnológicas que aumente la empleabilidad de los trabajadores, los gobiernos pueden influir en la disminución de la desigualdad de ingresos.