A menudo, las varias dimensiones de la desigualdad les categorizaciones se solapan y se refuerzan mutuamente (Krizsán 2012). La literatura ha denominado este fenómeno como “interseccionalidad” porque es en las intersecciones de diferentes dimensiones o categorías donde incrementan las desigualdades aún más.

Por ejemplo, desde una mirada interseccional, en la región andina se puede observar que la pobreza y la falta de acceso a los servicios de salud y educación son particularmente pronunciadas para los grupos indígenas y las mujeres. Según datos del Banco Mundial (2017) la probabilidad de ser pobre al pertenecer a un hogar indígena es considerablemente más alta (alrededor del 11% en Bolivia y Perú) que al pertenecer a un hogar no indígena. También el acceso de los hogares indígenas (particularmente rurales) en Bolivia, Ecuador y Perú a electricidad, agua corriente o la educación secundaria es significativamente menor que el de los hogares no indígenas (Hall y Patrinos 2012). Además, los indígenas son más probables de trabajar de forma informal y, por lo general, recibir salarios menores (Banco Mundial 2015).

En general y a pesar de los avances sociales que se han registrado en la última década, las mujeres siguen teniendo menor acceso a los recursos productivos y financieros, así como a los recursos monetarios, a la educación y capacitación y al uso de las distintas tecnologías (CEPAL 2019). También existen marcadas diferencias en cuanto al acceso a la tierra. Dentro del grupo de las mujeres, son las mujeres indígenas que enfrentan mayores problemas.

Además, se puede observar que las diferentes dimensiones de las desigualdades son interdependientes: Es posible que haya mejoras en una dimensión, pero valores inalterables o peores en otras dimensiones de desigualdad. Por ejemplo, en América Latina la desigualdad de ingresos ha bajado sustancialmente a raíz del último auge económico durante 2002-2011 (CEPAL 2017). Sin embargo, otras dimensiones de la desigualdad, como las asimetrías socio-ecológicas y socio-políticas, se han profundizado durante el auge. Respecto a las primeras, se puede constatar que a causa de la multiplicación de proyectos extractivos las condiciones ambientales en las que viven ciertas personas y grupos han deteriorado su calidad de vida, exponiéndoles a un mayor riesgo en cuanto a salud y acceso a recursos importantes para la sobrevivencia (i.a. Bebbington 2012). Respecto a las segundas, la imposición de proyectos extractivos por parte de los gobiernos centrales ha vulnerado significativamente buena parte de los derechos políticos de las comunidades, municipios o regiones afectados (i.a. Deonandan y Dougherty 2016; Bebbington y Bury 2013; Schilling-Vacaflor y Eichler 2017).